Centroamérica ha aprovechado la última reunión del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL) para reivindicarse como destino de inversión e intentar propulsar la llegada de capital extranjero a los sectores en los que más necesita desarrollarse: infraestructura, energía y turismo. La subregión presenta, como el resto de Latinoamérica, un importante déficit de infraestructuras que lastra su crecimiento, y que en los últimos años trata de enjugar mediante el recurso a las asociaciones público-privadas (APP). Muestra del interés subregional, los presidentes de tres de los países del área, los de Guatemala, Panamá y Honduras, asistieron a una reunión que se celebró en Tela (Honduras) y que tuvo como invitado especial al ex presidente del Gobierno español José María Aznar.
Los proyectos de participación público-privada (PPP) o alianzas público-privadas tuvieron un papel protagonista en las reuniones celebradas por el CEAL, con presencia de empresarios de 16 países y de los presidentes de Honduras, Juan Orlando Fernández; Panamá, Ricardo Martinelli, y Guatemala, Otto Pérez Molina, que aprovecharon su asistencia para ofrecer ante los ejecutivos y presidentes de compañías iberoamericanas un escaparate de los grandes proyectos de inversión que han pergeñado sus países y para los que se requiere respaldo inversor del sector privado. De hecho, y aunque el encuentro tuvo como tema central el Desarrollo con equidad: la base de la paz social, en el encuentro se promovieron iniciativas público-privadas concretas como el complejo turístico Indura Beach & Golf Resort, inaugurado a finales de 2013 en el sector de la Bahía de Tela y sede del evento.
Además de destacar la necesidad de dar un impulso decisivo a la inversión vía PPP, los países de Centroamérica se plantean seriamente la creación de zonas de empleo y desarrollo económico para competir con Asia, según indicaron los mandatarios hondureño y panameño. Se trataría de crear ciudades-modelo similares a las que han desarrollado países como Corea del Sur o Singapur, indicó Hernández en presencia de Martinelli, quien recordó el caso de la Zona Libre de Colón en su país, «la más grande del mundo, con más de 30.000 empleos directos y un movimiento comercial superior a 35.000 millones de dólares». Mandatarios y empresarios destacaron la importancia de la inversión como medio de reducir la pobreza y la desigualdad y de que el empresariado sea un factor de cambio a favor del desarrollo sostenible y equitativo en plena colaboración con los gobiernos.
En el encuentro del CEAL (una iniciativa de empresarios latinoamericanos para dialogar sobre las tendencias globales de la economía y el desarrollo de bloques económicos y su impacto en la región, así como para estimular una mayor cooperación entre empresa privada y poderes públicos), el ex mandatario español José María Aznar, intervino con una exposición sobre «La búsqueda del desarrollo equitativo en las relaciones Gobierno-Empresa, apoyado con comentarios del ex gobernante hondureño Ricardo Moreno.
Los presidentes de Honduras, Guatemala y Panamá, aprovecharon el evento para detallar ante empresarios de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, EEUU, El Salvador, España, México, Uruguay y Venezuela, entre otros, los principales proyectos de inversión en sus países con necesidad de inversión exterior y los sectores económicos en los que se brindan especiales oportunidades para el capital extranjero, particularmente bajo fórmulas PPP.
Déficit de infraestructuras
Dos de los países de la subregión, Panamá y Costa Rica, se han convertido en los últimos años en los nuevos países emergentes de Latinoamérica en cuanto a crecimiento e inversión, hasta el punto de comenzar a ser reconocidos como los tigres centroamericanos. Mientras que la Costa Rica de Laura Chinchilla está muy cerca de convertirse en el quinto socio de la Alianza del Pacífico (México, Perú, Chile y Colombia), Panamá, que aspira a ser socio pleno de ese organismo a fines de este año, ha sido la economía con mayor crecimiento de Latinoamérica en los últimos años y volverá a encabezar la expansión regional en 2014. En la subregión, Honduras, El Salvador, Guatemala y la caribeña Dominicana son también países observadores del actualmente bloque más dinámico de la región. Sólo Nicaragua de Daniel Ortega y Belice permanecen al margen de la iniciativa.
Frente a un déficit de infraestructuras que dificulta el crecimiento y la futura consolidación del desarrollo, y ante la falta de recursos financieros estatales para impulsar unas obras públicas de gran magnitud, todos los países de Centroamérica han optado por promover en los últimos años la fórmula de la participación o asociación público-privada (PPP o APP) como vía para acometer sus proyectos clave de modernización económica y tratar de ubicarse como hubs de logística y transporte.
Panamá ha experimentado en las últimas semanas problemas con su proyecto más emblemático, la ampliación del Canal, aunque el acuerdo logrado recientemente entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio empresarial Grupo Unidos por el Canal, del que forma parte la española Sacyr, permitirá concluir la obra en 2015 sin interrupciones y con el mismo volumen de trabajadores previo al reciente parón de las obras por falta de liquidez, según la constructora hispana.
Demasiados corredores interoceánicos
En su ambición y carrera por ubicarse como hubs regionales, dos vecinos de Panamá, Guatemala y Nicaragua, manejan también megaproyectos para crear corredores interoceánicos que compitan con el Canal de Panamá, si bien existen dudas sobre la viabilidad y realismo de los mismos y no son pocos los expertos que juzgan ambos proyectos ineficaces y un desperdicio de dinero duplicar planes en lugar de tratar de complementar infraestructuras o construir corredores de transporte internos para trasladar productos desde el interior hasta los puertos, ya que los países centroamericanos tienen una de las infraestructuras viales más anticuadas del mundo. Los expertos juzgan que sería más caro y complicado transportar productos a través de Guatemala y Nicaragua que a través de Panamá, ya que mientras el Canal tiene sólo 80 kilómetros y Panamá ya tiene una autopista y un ferrocarril transoceánicos, el corredor guatemalteco tendría 372 kilómetros, y de Nicaragua, 290 kilómetros.
Con todo, Guatemala mantiene su proyecto de un canal seco, promovido por la iniciativa privada y apoyado por el Gobierno, que lo ha declarado de interés nacional. Con un coste de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, el proyecto de Corredor Interoceánico prevé la construcción de dos puertos de aguas profundas (San Luis y San Jorge), en el Pacífico y en el Atlántico.
Por su parte, Managua mantiene en liza un polémico plan para construir un Canal de Nicaragua, cuya construcción «probablemente» comience en 2015, si bien aún se ultiman estudios de factibilidad financiera, ambiental y técnico-económica y no se ha decidido la ruta definitiva. El controvertido empresario chino Wang Jing ganó la concesión para construir y gestionar durante cien años la vía fluvial, una obra presupuestada en 40.000 millones de dólares, pero que podría subir a 50.000 millones por los costes ambientales. Las advertencias de los expertos legales y ambientales de que esa vía fluvial es económicamente inviable, ecológicamente arriesgada y un mal negocio para Nicaragua vienen siendo ignoradas por el Gobierno del presidente Ortega.
Mucho que hacer en PPP
Sea cual sea el futuro de estas mega-obras, lo cierto es que los países centroamericanos, en su afán por impulsar unas infraestructuras vitales, comienzan a recurrir a las alianzas público-privadas, si bien están aún a mucha distancia de los países punteros en la región en la puesta en marcha de este tipo de proyectos. Según el último Infrascope 2012, que analiza los ambientes nacionales para las APP en Latinoamérica y que elabora Economist Intelligence Unit (EIU) por encargo del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin, BID), ningún país de la subregión está hoy en día en las primeras categorías de desarrollo de esta fórmula, las correspondientes a países maduros o desarrollados en ese ámbito).
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá se ubican el escalón de emergentes en la materia y Nicaragua y Dominicana, en el de estados nacientes a este tipo de proyectos. El informe incluye, eso sí, a Guatemala, Costa Rica y El Salvador en el grupo emergente de países, liderado por Colombia y Uruguay, que ha mejorado capacidad y disposición para las inversiones en APP con cambios regulatorios y creación de capacidad.
Pero, pese a no estar aún consolidadas las APP comienzan a ganar terreno en Centroamérica como vía para reducir el atraso en infraestructura gracias a un modelo que permite que haya una mejor distribución de los riesgos entre el sector público y el sector privado y que facilita captación de inversiones en mercados pequeños y menos atrayentes para los grandes inversores. Según Infrascope, Guatemala cuenta con las mejores condiciones para las alianzas público-privadas, por delante de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Nicaragua, por ese orden, en un ranking que se elabora tomando en cuenta factores del marco normativo junto con el clima de inversión para proyectos de infraestructura de las APP. En el ránking de 19 países latinoamericanos, Guatemala ocupa el séptimo lugar regional, por delante de Costa Rica (8), El Salvador (9), Panamá (11), Honduras (12), Dominicana (15) y Nicaragua (16). Todos ellos se ubican por encima de Ecuador, Argentina y Venezuela.
Guatemala lidera en la subregión dos de las seis categorías fijadas como criterios para definir el marco apropiado para establecer APP, las de marco institucional y marco normativo, mientras que Costa Rica encabeza el ránking en madurez operacional y, Panamá, en clima de inversión (categoría de la que es cuarto clasificado en toda Latinoamérica) y facilidades financieras. Dominicana encabeza la clasificación en el factor de ajuste subnacional. Nicaragua ocupa el último lugar en todos los listados, salvo en madurez operacional, marco institucional y ajuste subnacional, donde la sustituye Panamá. Costa Rica logra buenas posiciones, excepto en ajuste subnacional.
Grandes diferencias entre países
Panamá destaca como excepción en una subregión en la que los dos elementos fundamentales para la buena marcha de las APP, la buena estructuración previa de proyectos y disponer de un sistema de seguimiento no suelen darse. No obstante, Infrascope indica que «si bien dan oportunidades para las APP, los marcos normativo e institucional están fragmentados y son incompletos. «Desde 2010, el progreso de las APP ha sido dispar. El Gobierno envió una nueva ley de APP al Congreso en 2011, pero la retiró tras la oposición de unos trabajadores del sector público que juzgan una amenaza la participación del sector privado», indica el texto, que señala que está por determinar el estado legal de la participación privada en los sectores sanitario y del agua, que ha habido problemas en planes de autopistas y que las condiciones del mercado limitan las oportunidades de más APP en electricidad.
Guatemala, por su parte, va con retraso en la implementación de PPP, pese al interés del Gobierno. «El marco normativo, actualizado en 2010, tiene el potencial de aumentar su actividad, pero la implementación de la ley se ha retrasado dos años y aún sigue en proceso», señala Infrascope. «Desde 2010, la única concesión de carreteras activa (Palín-Escuintla) y múltiples proyectos de generación de energía muestran un nivel muy bajo de experiencia en APP», se indica. El Gobierno considera sectores estratégicos y prioritarios para la entrada de capital exterior los de infraestructuras, electricidad, minería y turismo, segmento este último que está llamado a ser uno de los pilares de los planes de competitividad y desarrollo. El país, que planea la construcción de un canal seco para el transporte ferroviario y vial de mercancías para unir por tierra la costa atlántica y la pacífica, presentó en 2012 más de 50 proyectos de inversión, algunos estrictamente privados y otros de PPP en industria, energía y construcción. En 2011, Guatemala creó un organismo mixto, Conadie, integrado por representantes de los sectores público y privado, con la función de fomentar la inversión y, especialmente, las APP.
Honduras también avanza en las APP, en seguimiento del modelo chileno y bajo el marco del Programa Nacional de Inversiones. El país se dotó en 2010-2011 de una nueva Ley de Asociación Público-Privada especialmente diseñada para respaldar obras de infraestructura como carreteras, aeropuertos y puertos, e inclusive en proyectos en los sectores de salud y educación, pero el entorno dificulta su desarrollo. «La nueva ley hondureña fomenta las APP, pero el riesgo político genera preocupaciones», señala Infrascope.
El Salvador, donde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) acaba de volver a ganar las presidenciales y donde Salvador Sánchez Cerén sustituirá a Mauricio Funes al frente del país, parte también con retraso en la cuestión y sólo a fines de 2012 el Gobierno comenzó a tomar medidas para impulsar la tramitación de la ley de Participación Público-Privada (PPT), mucho más avanzada en Guatemala, Panamá y Costa Rica, como vía para captar inversión. La patronal venía exigiendo al Gobierno un impulso a las APP como medida clave para reactivar la confianza inversora y generar un clima de certidumbre que haga al país atractivo como destino de capital hacia infraestructuras y energía, donde el país tiene un grave déficit. «El Salvador ha realizado avances prácticos, pero los cambios normativos siguen en proceso y el país aún no posee una ley marco de APP», señala Infrascope.
Costa Rica goza de un marco institucional estable, pero el progreso dependerá de la habilidad del Gobierno para convencer a todas las partes interesadas (dentro y fuera del Ejecutivo) sobre los beneficios de las APP», según Infrascope, que señala que el sector de transporte (ahora junto al sector de energías renovables) ha sido y seguirá siendo el sector dominante para este tipo de proyectos en Costa Rica. La ley limita por ahora las APP en el sector de electricidad (y también en telecos y salud), prohibiendo concesiones, pero permitiendo proyectos bajo la modalidad BOT (construir-operar-transferir).
Nicaragua no posee por ahora un marco de APP unificado. Para progresar necesitará que la visión de planificación a largo plazo diseñada para el sector eléctrico se extienda a otros sectores, señala Infrascope. «Las APP se regulan por leyes sectoriales que han creado una miríada de regulaciones que varían según sectores. El eléctrico es el más sofisticado en actividad de la iniciativa privada. Aun así la falta de APP en otros segmentos, pese a la necesidad obvia de infraestructuras, muestra la falta de marco institucional» se indica.
Finalmente, la caribeña República Dominicana, rezagada también en la aplicación de proyectos PPP, cuenta con impulsar este tipo de fórmula en los próximos años. A finales de 2012, el presidente Danilo Medina defendió el trabajo conjunto de empresas privadas y Estados como vía para el desarrollo en el IX Foro Empresarial Iberoamericano. Según Infrascope, «la falta de un marco específico para las APP ha limitado hasta ahora una adopción extensa, pero el modelo sigue evolucionando en sectores específicos como el transporte, con concesiones en autopistas y aeropuertos. La ley de adquisiciones públicas de 2006 regula las concesiones en general, pero los términos específicos suelen fijarse en cada proyecto.
Fuente: Capital Madrid
